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Por qué le decimos no al alza de matrículas en la Universidad de Caldas


Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil Consejo Superior U. Caldas, 1 de febrero de 2011.

El pasado 14 de diciembre de 2010 y el 28 de enero de 2011 se realizaron las sesiones del Consejo Superior de la Universidad de Caldas donde la mayoría del Consejo Superior, con excepción de la representación estudiantil y profesoral, aprobó, por una votación de 6 contra 2, los 20 artículos y los anexos técnicos que regulan una nueva tabla de matrículas para los estudiantes que ingresen a partir del segundo semestre de 2011 y para aquellos que por algún motivo soliciten reingreso en los términos definidos por el reglamento estudiantil.

Aunque el argumento de la administración de la Universidad de Caldas, fue una supuesta búsqueda de “equidad” en el cobro de matrículas, desde la óptica de la representación estudiantil este nuevo acuerdo resulta lesivo para el acceso de los sectores más pobres a la universidad. El nuevo acuerdo fija unas matrículas (incluido servicios universitarios) que oscilan entre 135 mil pesos para quien tenga un Puntaje Base de Matrícula (PBM) igual a 11 y 3 millones 450 mil pesos para quienes tengan un PBM igual o superior a 73.

Los cambios que regula el nuevo acuerdo afectan especialmente a los estudiantes provenientes de los estratos 2 y 3 de la población. En detrimento de los ingresos de estas familias, aspira la administración actual que los cobros adicionales mejoren el rubro de recursos propios y, así no lo admita, profundizar el proceso de privatización del alma mater. Que esto es así lo confirman las cifras entregadas por el Jefe de la Oficina de Planeación de la Universidad quien aseguró que los recursos adicionales se proyectan en 400 millones de pesos en el primer año, 987 millones en el segundo, 1481 millones en el tercero, 1962 millones en el cuarto y 2413 millones en el quinto año, para un total de 7 mil 243 millones de pesos en los próximos 5 años que saldrán de los bolsillos de las familias de los futuros estudiantes de Manizales, Caldas y Colombia.

Actualmente son exentos del pago de matrícula los estudiantes que tienen un Puntaje Básico de Matrícula (PBM), inferior a 18, el nuevo acuerdo reduce la exención en el pago a los que tengan un PBM inferior a 11. De esta manera se reduce el porcentaje de estudiantes exentos del pago de matrícula. Hoy el 75% no paga, con esta nueva regulación quedará exonerado únicamente el 20% de los estudiantes. Dicho de otra manera hoy pagan el 25%, con la propuesta pagarían el 80% de los estudiantes que ingresen a la universidad, la gran mayoría de estos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de la población.

El acuerdo establece una nueva forma para liquidar la matrícula tomando como referencia el valor de la pensión mensual del último año cursado en el colegio (multiplicado por un factor de 5.5), valor que se tendrá en cuenta siempre y cuando sea una suma mayor a la liquidación por el actual sistema de PBM, que tiene en cuenta los ingresos (75%) y el estrato socioeconómico (25%). De esta forma se pretende gravar de manera onerosa a las familias cuyos hijos se graduaron en colegios privados.

El acuerdo eliminó también varios descuentos que están vigentes y a los cuales tienen derecho los actuales estudiantes de la universidad. Los descuentos que se eliminaron son lo siguientes: 10% del valor de la matrícula por provenir de colegio público, 15% a los estudiantes provenientes de Chinchiná, Neira, Palestina, Villamaría y la zona rural de Manizales y 20% a los estudiantes provenientes del resto del departamento de Caldas y de los municipios o zonas distintos a los mencionados anteriormente.

Es inconcebible que mientras en Inglaterra, Alemania y otros países europeos, como lo sostiene el rector de la Universidad Nacional, el costo de la matrícula está en alrededor de mil euros al año, “y eso en una sociedad con ingreso per cápita por lo menos 10 veces superior al colombiano”[1] en la Universidad de Caldas se establezcan matrículas anuales que superan los 2700 euros. Vaya paradoja, aunque los ingresos sean 10 veces menores, las familias de los estudiantes de la Universidad de Caldas a los que les liquidan la matrícula máxima, deben pagar 170% más que una familia europea.

Según cifras del Ministerio de Educación Nacional la deserción universitaria llega al 50%, es decir la mitad de los estudiantes que ingresan a la universidad no pueden terminar sus estudios y la mayoría de los casos por cuestiones económicas. Este nuevo acuerdo, así la administración de la Universidad de Caldas intente presentarlo como algo progresista, agudiza y contribuirá a aumentar el fenómeno de la deserción estudiantil por razones económicas.

Debo denunciar que los anexos técnicos que hacen parte del acuerdo y que contienen elementos esenciales para definir la liquidación de la matrícula no hubo forma de debatirlos con la presencia de la representación estudiantil y profesoral, primero por el cambio abrupto[2] de la sesión del Consejo Superior del 24 de noviembre de 2010 y segundo porque la mayoría del Consejo Superior se negó a que se diera dicho debate en la sesión del 28 de enero de 2011 y al mejor estilo de un pupitrazo del Congreso se aprobó sin medir las consecuencias para los estratos más pobres de la población.

La Representación Estudiantil al Consejo Superior, consciente de que esto es un retroceso en la concepción de universidad publica y financiada por el Estado que defendemos, votó de manera negativa el acuerdo y en nombre de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, llama a los estudiantes y demás estamentos universitarios a promover el más amplio debate y movilización civilista para que se revisen los aspectos regresivos de este acuerdo que profundiza la concepción de educación como mercancía y de universidad como empresa.

[1] Wassermann, Moises. “¿Cobro de matrículas en universidades públicas?”. El Tiempo 31 de Octubre de 2010. En http://www.eltiempo.com/opinion/col...
[2] Ver http://noalalzadematriculas.blogspo...

Delegados Sintracarbon Ratifican Votación De Huelga


Hoy, 29 de enero de 2011, en el marco del conflicto colectivo entre nuestra organización sindical SINTRACARBÓN y la empresa CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED, propiedad por partes iguales de las multinacionales BHP BILLITON, ANGLO AMERICAN y XSTRATA, se reunió la Asamblea Nacional de Delegados, máxima autoridad del sindicato, para ser informada del actual estado del proceso de negociación colectiva y tomar las decisiones que estatutariamente le corresponden.


¡ÁFRICA SE LEVANTA!

 
¡ÁFRICA SE LEVANTA!


28 de enero de 2011

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.


Las revueltas populares de las últimas semanas acaecidas en Túnez y Egipto constituyen la legítima expresión del descontento y la indignación populares frente a estos tiránicos gobiernos, cipayos de las políticas estadounidenses y que, empezando por los decenios que han permanecido aferrados al aparato estatal, nos dan claras muestras de su carácter antidemocrático.

El continente africano, tercero en el mundo tomando en cuenta su extensión geográfica, ha sido víctima de la más abyecta expoliación por parte de diferentes potencias extranjeras en prácticamente todos los 53 países y 6 dependencias que lo componen. El Imperio Romano en el siglo I a.c.; el Imperio Bizantino en el siglo VI; los árabes en el siglo VII; los países europeos, principalmente el Imperio Británico, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Bélgica, España y otros desde 1880 a 1920, aproximadamente; hasta el siglo XX y el actual, con el imperialismo norteamericano.

  1. DEL COLONIALISMO AL NEOCOLONIALISMO

Antes de que se diera lo que se denominó como “la disputa por África” o “la repartición de África” existían en ella cuatro países independientes. “La disputa por África” consistió en los diferendos entre diversos países europeos para hacerse a la mayor parte posible de territorio africano con el fin de dinamizar sus economías locales, colapsadas por la Gran Depresión de 1875; poseer y explotar los recursos naturales y la mano de obra de África, muchísimo más baratos y asequibles que en sus países de origen, que además presentaba una gama de recursos no existentes en el continente europeo; y hacerse a un vasto territorio al cual podrían acudir los nacionales europeos en caso de emergencia. Asimismo, se dice que este fue uno de los detonantes de la I Guerra Mundial.

Liberia (1847), Sudáfrica (1910), Egipto (1922), Etiopía (1941) constituían la excepción, así fuese formal, a la regla de dominación predominante. En el año 1951 Libia se constituyó como la primera colonia africana en liberarse, ejemplo que siguió Ghana en 1957. Ambas originaron una reacción en cadena de portentosas luchas por la independencia y la autonomía de sus Estados.

Tan legítimo clamor y tan correctos objetivos duraron muy poco. Los conflictos raciales y tribales, la ineficiencia y corrupción de ciertos gobiernos, el caos y la anarquía, pero ante todo los intereses extranjeros prevalecientes sobre África, fueron la excusa perfecta para continuar saqueando el territorio y llevando a su población a grados inimaginables de miseria.

En esta segunda etapa, que persiste hasta nuestros días, la dominación se ejerce de manera indirecta, a través de gobiernos títeres, de los denominados “planes” o “misiones” de agencias y organismos internacionales y especialmente de la “ayuda internacional”, eufemismo para catalogar una maratónica carrera de endeudamiento a un ritmo aproximado de $50 mil millones de dólares anuales. Dicha “ayuda”, como siempre, se carga sobre los hombros del pueblo, que ve reducir la asistencia social a su mínima expresión.

En todo caso, en la era del neocolonialismo, los resultados son más efectivos y los métodos más refinados, pero los beneficiarios los mismos que en la época del colonialismo.

  1. TÚNEZ

La República Tunecina ha sido escenario en las últimas semanas de portentosas movilizaciones. El pueblo tunecino, junto a sus organizaciones de masas, ha protestado legítimamente a través de variadas formas contra el gobierno de Zine El Abidine Ben Alí en primera instancia, y contra sus hombres en el gobierno de transición, en segunda instancia.

En la década de 1930 nace el Partido Nueva Constitución, del cual partirá la base para las luchas por la independencia, que en 1955 dieron lugar al autogobierno de Túnez, en 1957 a la independencia bajo el modelo monárquico constitucional y en ese mismo año al derrocamiento de la monarquía y al nacimiento de la República Tunecina con Habib Bourguiba, líder del Partido Nueva Constitución, proclamado como presidente.

Bourguiba, bajo diversas modalidades, estuvo en el poder durante treinta años, siendo sucedido por Ben Alí, quien gobernó desde 1987 hasta su derrocamiento en enero de 2011. Ambos fueron alumnos aventajados de la política neoliberal, permitiendo una descontrolada inversión extranjera, propiciando zonas de libre comercio, endeudamiento y privatización, así en sus inicios haya dado cierto apoyo a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP.

Ben Alí, de formación militar, se graduó de la Senior Intelligence School en Estados Unidos, se caracterizó por su violencia y represión, haciéndose al poder a través de un golpe de Estado, modificó la Constitución a  su antojo para perpetuarse en el poder, estableció el fraude electoral como práctica política e ilegalizó a la oposición.[1]

Debido a la intensidad de las protestas, Ben Alí huyó a Arabia Saudita, quedando a la cabeza del gobierno quien fuera su primer ministro, Mohammed Ghannouchi, el cual sólo duró un día, siendo relegado en el gobierno de transición, así sea en apariencia, por Fouad Mebazza, presidente del Parlamento. Ben Alí es acusado por la población de empobrecer al país, al punto que se afirma que su esposa huyó con tonelada y media de oro. [2]

La resistencia popular tunecina se trasladó de la periferia al centro colmando a todo el país de heroicas confrontaciones, exigiendo la salida de los hombres de Ben Alí, quienes nunca dieron cumplimiento al lema de ese país, cual es “orden, libertad, justicia”. También exigen la liquidación del partido de gobierno, la Asamblea Constitucional Democrática, a pesar de las últimas posiciones, un tanto conciliadoras de la central UGTT.[3]

El pueblo tunecino tiene toda la razón de su lado en sus justos reclamos. Lo quiere todo y continuará hasta el final sin vacilaciones. Mientras tanto los problemas se acrecientan para Ben Alí y su séquito. “No son bienvenidos” enfatizó el primer ministro canadiense Stephen Harper.[4]

  1. EGIPTO.

En la convulsionada República Árabe de Egipto, Hosni Mubarak, su presidente prooccidental, quien gobierna desde 1981, aplica sólo la primera parte del lema de su país: “silencio”; mientras que las amplias masas practican la restante: “paciencia, libertad, socialismo y unidad”.

Desde 1952 en Egipto se celebran elecciones con candidato único, hasta la de 2010, fecha en la cual Mubarak se valió de maniobras non sanctas para burlar a la oposición. En la práctica, el férreo control del gobierno lo tiene el Partido Nacional Democrático, obsecuente y servil a los dictados norteamericanos, de quien percibe $1.300 millones de dólares anuales destinados al ejército. Los sindicatos y asociaciones están prohibidos y los brutales ataques a la libertad de expresión y asociación son el pan de cada día.

Las protestas en Egipto se iniciaron el martes 25 de enero de 2011 y llegaron a su clímax el viernes 28 de enero, con un saldo (hasta ese entonces) de aproximadamente 30 muertos y más de 400 heridos, además del apresamiento del líder opositor y Premio Nóbel de Paz, Mohamed el Baradei, y de Ozama Gazali, otro líder opositor.

En su alocución presidencial Mubarak ha hablado de “mantener el orden” y propiciar el “diálogo”, a la vez que anuncia la recomposición de su gabinete. El octogenario y desprestigiado líder nada dice de su dimisión, consigna máxima de los manifestantes para propiciar un nuevo Estado, Estado por el cual han pasado sin titubeos a la ofensiva.

Los manifestantes no temen al toque de queda ni a las decenas de miles de policías y soldados que arremeten sanguinariamente contra ellos. El cierre de los medios de comunicación, como Al-Jazeera, y el bloqueo de internet no han hecho sino avivar la rebeldía de los egipcios, quienes convirtieron en llamas la sede del partido político de Mubarak y, muy pronto, al igual que el oscuro régimen que representa, lo reducirán a cenizas.

  1. CONCLUSIONES

“Todos los regímenes árabes han entrado en una misma fase de degeneración, en una crisis aguda de legitimidad. Sus dirigentes han sido despojados de su bien más precioso: la iniciativa política. Esta iniciativa pasó a la calle. Y, peor aún, ahora está en el bando contrario”, señalan acertadamente los politólogos franco-egipcios Bahgat Elnadi y Adel Rifaat. [5]

Si bien ningún régimen árabe es idéntico a otro, las señales de su decadencia han llegado a los oídos de sus pueblos que, siguiendo el ejemplo de Túnez, se han decidido por la senda de la libertad y la dignidad, derechos conculcados por unas rancias élites vendepatria que ven con nostalgia como el pueblo se ha arrancado el yugo y ha optado por la senda de la rebelión.

Jordania se une al descontento. Los partidos políticos progresistas, los sindicatos y organizaciones de masas aplauden y apoyan estos justificados levantamientos. Sin afanes, midiendo cada paso, cuantificando las fuerzas propias y enemigas, calculando el estado de ánimo de propios y ajenos, sustituyendo rápidamente la táctica de acuerdo con la necesidad, concentrando los golpes en el blanco principal, y atendiendo la realidad internacional, se podrán coronar con éxito estas proezas. Los aventurerismos, oportunismos y caudillismos no harán sino entorpecer estos procesos y deberán ser severamente reprochados.

"Tenemos que confiar en nuestras fuerzas para acabar con la Cosa Nostra, la mafia que nos gobierna, porque al final abandonarán el país", sentencia el profesor de inglés, Ahmed Maarufi.[6] Las fuerzas populares, como siempre, en su debido momento, eclipsarán, por medio de su titánica fortaleza, a la tiranía en pos de la conquista de un nuevo porvenir.

Sobre el préstamo de la Universidad Nacional


Suang Moreno y Sergio Fernández, Bogotá, Diciembre 6 de 2010.

Constancia presentada por la representación estudiantil ante el Consejo Académico, Suang Moreno por Posgrado y Sergio Fernández por Pregrado

La historia de la Universidad Nacional está íntimamente ligada al proceso de construcción de un proyecto de nación, es claro que a cada proyecto de nación le corresponde un proyecto de Universidad. Por tanto, el debate sobre el quehacer de la universidad tiene todo que ver con el quehacer de la nación, sería completamente descabellado considerar la universidad y sus estamentos como entes atomizados que no reaccionan a las presiones del entorno nacional. Al respecto la historia nos brinda ejemplos invaluables, ejemplos no solo de que en efecto a cada modelo de nación le corresponde un modelo de universidad, sino ejemplos además, de que existen diferentes formas de asumir los proyectos hegemónicos de nación y de Universidad. Mencionemos el ejemplo de la Universidad Alemana en medio del proyecto del llamado nacional socialismo. En su momento el debate tuvo por un lado a Bertrand Russel y a José Ortega y Gasset convergiendo en torno a la denuncia de la instrumentalización política de la universidad por parte del régimen nazi, y por otro lado a Martin Heidegger quien en su discurso de posesión como rector de la Universidad de Freiburg invitaba a la entrega ilimitada en defensa de las fuerzas de la tierra y de la sangre.

Dicho lo anterior se hace necesario contextualizar el debate en Colombia a fin de ubicar la discusión, esbozando brevemente cual es el tipo de proyecto nacional que se ha venido implementando ya hace casi dos décadas, proyecto de nación que hoy se erige hegemónico y que apela al discurso de la formación de capital humano por encima de la formación humana, dejando al vaivén de las fluctuaciones económicas el devenir del Derecho a la Educación que ya no es concebida como derecho sino como una mercancía más, y que incluso va más allá, proponiendo congelar los derechos sociales y económicos de los colombianos a través de la llamada sostenibilidad fiscal, reglamentada por medio de una regla fiscal que no busca otra cosa que asegurar el sostenimiento de la deuda pública, que dicho sea de paso, en los últimos 10 años se triplicó, pasando de 65 billones a 170 billones de pesos, a pesar de que el país sacrificó los derechos sociales y económicos de la población en beneficio de la deuda. A este proceso de desmonte de los derechos y garantías de los colombianos responde el marchitamiento de la Universidad Pública, que pasó de recibir en transferencias de la nación en el año de 1993 el 83% de sus recursos, a recibir tan solo el 51% para el año 2008. Es claro que la decisión de los Gobiernos de las últimas dos décadas es la de profundizar el modelo más retardatario que hay en educación superior, el modelo del Banco Mundial que en sus documentos sobre educación superior[1][SM1] [SM2] , incluido el acuerdo de préstamo hecho entre Colombia y el Banco Mundial para impulsar los créditos ACCESS del Icetex, ha insistido en cuatro tareas y condiciones para la educación superior en Colombia, a saber:

1. Aumentar las fuentes de financiación privada de la educación superior pública.

2. Promover la financiación a la demanda educativa.

3. Desmontar los gastos no relacionados con la formación académica al interior de las Universidades.

4. El desarrollo de reformas académico administrativas que propendan por la eficiencia del gasto público, para liberar recursos que pueden ser utilizados por el Gobierno Nacional en el fomento de la educación secundaria.

5. Procurar el aumento de los derechos de matrícula de ser necesario, con el fin de garantizar el sostenimiento de las responsabilidades financieras, que eventualmente adquieran las Universidades.

Dicho modelo que ha sido calificado como reaccionario por el mismo rector Wasserman[2][SM3] , es paradójicamente el modelo que se abre paso en Colombia y que claramente se abre camino, por vía de la autofinanciación creciente, en la Universidad Pública y en la Universidad Nacional concretamente.

Juntar en el debate público la preocupación legítima por el financiamiento de la Universidad Pública con la necesidad de un préstamo con el sistema financiero es a nuestro juicio confundir las causas, los argumentos y las soluciones, suceso en el que ineludiblemente pierde la Universidad Pública y la nación colombiana. Es evidente que existe otra opción, una solución que históricamente ha sido adoptada por los sectores marginados para hacer respetar sus derechos o para que se les reconozcan nuevos derechos: nos referimos a la unidad de los sectores democráticos en torno al ejercicio de la resistencia civil como mecanismo para defender la financiación adecuada de la Universidad Pública, comprendiendo que la Universidad debe ser científica, democrática y estar al servicio de la nación y no del Gobierno de turno o del capital foráneo, es decir, debe tener como propósito la formación humana y no la formación de capital humano.

Sin embargo la decisión de la administración en cabeza del rector Wasserman ha sido la de acudir a los préstamos como mecanismo para autofinanciar la Universidad Pública, hecho que demuestra claramente cuál es la posición que asume la administración de la Universidad Nacional con respecto al proyecto de nación que encarna Juan Manuel Santos, proyecto que en términos educativos consiste en erosionar la capacidad financiera de la Universidad Pública sobre la base de hacer más con lo mismo y de rebuscarse por vía de la autofinanciación los recursos que sean necesarios para suplir las necesidades de la Universidad. La posición de la Representación Estudiantil ante el Consejo Académico por pregrado y por posgrado es categórica en rechazar la obtención de préstamos con la banca para suplir las necesidades de la Universidad, que para el caso son las necesidades expresadas en el programa de desarrollo sectorial de educación del Gobierno Santos en el sentido de aumentar la cobertura en Educación Superior sobre la base de los mismos recursos hasta un 47%, o lo que es lo mismo, sobre la base de menos recursos per cápita por estudiante, condición ésta –el aumento de cobertura- que además se encuentra entre los requisitos del Findeter –entidad con la que se gestiona actualmente el préstamo- en su guía de presentación de proyectos de la Línea de Créditos para el Fomento de la Educación Superior[3][SM4] , en donde se señala que los proyectos deben:

“…proponer metas claras que permitan hacer seguimiento y establecer relaciones entre el valor de los recursos asignados y las metas alcanzadas en cuanto a cobertura”.

Lo anterior evidencia que las mal llamadas locomotoras del Gobierno Santos, y concretamente la infraestructura, será financiada con recursos privados y para el caso de las Universidades Públicas serán producto de la autofinanciación.

Finalmente e invocando el espíritu reflexivo que debe tener la Universidad Nacional como centro de ideas, llamamos la atención sobre el papel de los estamentos que componen la comunidad universitaria en estos momentos de crisis de la Universidad Pública, entendiendo que en cada uno de ellos existen mentes libres que no hacen odas al nepotismo institucional disfrazado de autoridad académica, para con ellos aunar esfuerzos por construir un modelo de universidad y de nación que reconozca los derechos a todos y todas por igual, y que procure el bienestar para el conjunto de la sociedad sobre la base de la defensa de la Educación Pública como condición sine qua non del desarrollo nacional.

[1] BANCO MUNDIAL, La enseñanza superior. Lecciones derivadas de la experiencia, Washington, 1995.

[2] Sesión del Consejo Académico del 13 de noviembre de 2009

[3] http://www.facebook.com/l/dfd27uMTp...>

[SM1]BANCO MUNDIAL, La enseñanza superior. Lecciones derivadas de la experiencia, Washington, 1995.


[SM2]Sesión del Consejo Académico del 13 de noviembre de 2009

[SM3] http://www.facebook.com/l/dfd27Pyga...>

LLAMAMIENTO A LOS TRABAJADORES




Noviembre 23 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.


Nuestro país atraviesa tiempos difíciles, eso es innegable. Las recientes inundaciones que se han extendido a lo largo y ancho del territorio nacional reflejan solamente la punta del iceberg de una Colombia sumida en la más grave crisis social, económica, política y ambiental de su historia.

Parte de esa crisis, representada en el déficit fiscal, el cual crece a un ritmo promedio de 8 billones de pesos anuales producto de la política de “confianza inversionista”, busca paliarla el gobierno de Santos a través del método más ruin posible: arrebatarle a departamentos, municipios y puertos sus derechos constitucionales sobre los recursos de regalías.

Independientemente de cualquier tecnicismo, las regalías son el precio que pagan las multinacionales por extraer nuestros recursos naturales no renovables, y llevárselos a sus países de origen. De lo anterior se desprende que las multinacionales se llevan nuestros recursos completamente regalados. Empresas como Drummond Inc., BHP Billiton, Xstrata, AngloGold Ashanti, Glencore, entre otras, han multiplicado sus ganancias hasta límites inconcebibles, mientras que la población de las zonas productoras ha multiplicado su miseria.

Los obreros representan el sector más avanzado de la sociedad, por lo tanto es su deber abanderar las luchas en defensa de los intereses y principios sobre los que se edificará una nueva sociedad. Para el tema que hoy abordamos, que es la defensa de las regalías, el deber anteriormente enunciado recae con mayor fuerza sobre los hombros de los trabajadores del sector minero-energético (que lógicamente incluye a los hidrocarburos), quienes han sido vilmente vapuleados, humillados y ultrajados, al igual que nuestra nación, por estas voraces multinacionales, a las que nada les interesa el destino de los colombianos.

Es por estas razones que a estos trabajadores, ampliamente conocedores del saqueo transnacional a nuestros recursos naturales y de la sobreexplotación de nuestra fuerza laboral, les corresponde ser los faros que guíen a la población en la defensa de sus regalías, y centren su objetivo en que las multinacionales paguen lo que en realidad valen nuestros recursos, con miras a que en el futuro sea el Estado colombiano quien autónomamente explote y utilice sus recursos naturales.

Ustedes, los que aún creen, los que aún se movilizan, los que su espíritu no envejece, los que no se han rendido ni se rendirán, es en ustedes en quienes las generaciones de colombianos desvalidos han depositado su confianza y esperanza. Son ustedes quienes devolverán la dignidad a nuestra patria. ¡Luchemos sin tregua!. 

Intervención Sergio Muñoz - Movilización en Riohacha por la Defensa de las Regalías - 2010


Intervención de Sergio Muñoz, presidente de la OCE-Unicesar y miembro del Comité Cívico por la Defensa de las Regalías, en la Movilización Departamental por la Defensa de las Regalías, llevada a cabo en Riohacha (La Guajira), en noviembre del 2010.

Sergio Muñoz - Comisión I Cámara de Representantes - Regalías- 2010


Intervención de Sergio Muñoz, presidente de la OCE-Unicesar y miembro del Comité Cívico por la Defensa de las Regalías, en la Audiencia Pública sobre Regalías, citada por la Comisión I de la Cámara de Representantes en la ciudad de Valledupar, el día 29 de octubre de 2010.

CONSOLIDANDO UNA VERDADERA UNIDAD NACIONAL




Noviembre 4 de 2010

Sergio Muñoz, Presidente OCE-Unicesar.


En un acto de marrullería (“picardía” lo llamarían ellos), el gobierno de Juan Manuel Santos se autoproclamó como el gobierno de la “Unidad nacional”. Se declararon por fuera de ella partidos políticos como el Polo Democrático Alternativo, el único en declararse en franca y abierta oposición, además de movimientos sociales, indígenas, ambientales y estudiantiles. Es decir, una gran franja de la población colombiana piensa diferente y rehúye cualquier clase de entrega o sometimiento a la “manguala nacional”.

La autoproclamada unidad generó una oleada de ilusiones entre la opinión pública nacional sobre las bondades del nuevo gobierno y su distanciamiento con el gobierno de Álvaro Uribe. Las medidas cosméticas adoptadas por el gobierno de Santos habían logrado distraer y desorientar a cierta parte de analistas y a un sector de la población. Pero lo cierto es que dicho embrujo duró muy poco.

Medidas como mantener al actual director general del DAS, ente responsable de una amplia campaña de persecución a los contradictores del gobierno; el mantenimiento hasta último momento (hasta que tuvo que ceder) de la terna para Fiscal General de la Nación; el impulso a la reforma de la Ley 30 para recortar presupuesto a las universidades públicas; los atropellos cometidos por la Fuerza Pública en Arauca y otras regiones; la ley de primer empleo; la sostenibilidad fiscal que convierte en viles mercancías los más elementales y necesarios derechos de los seres humanos; y el raponazo a municipios, departamentos y puertos de sus regalías, son sólo algunos de los ejemplos.

El proyecto de Acto Legislativo 013 que expropia las regalías a departamentos, municipios y puertos, con el objetivo de centralizarlas bajo el control absoluto del Gobierno nacional, contrariando la tan cacareada descentralización, ha generado una masiva y contundente respuesta de los afectados por la defensa de lo que les pertenece. Esto ha llevado a la necesidad de unificar la resistencia civilizada a nivel nacional.

Dándole solución a dicho objetivo, una delegación de diputados del Meta hizo presencia en el Cesar, compartiendo ideas, unificando criterios y programando actividades conjuntas con los miembros del comité cívico Cesarenses por la Defensa de las Regalías, con un éxito rotundo y logrando cohesionar aún más a todos los sectores nacionales erguidos en bravía resistencia.


“Buscamos la hermandad para poder hablar el mismo idioma y enviar el mensaje a todos los colombianos, y al Gobierno nacional de que no estamos de acuerdo con este Acto Legislativo” señaló el presidente de la Asamblea departamental del Meta, Alexander Patiño.

También el Comité Cívico del Cesar, integrado por el gobernador, los diputados, partidos políticos, candidatos, jóvenes, gremios, personalidades y demás, reafirmó su compromiso de no cejar en el esfuerzo conjunto por defender la participación que actualmente poseen los entes territoriales sobre los recursos de regalías, teniendo muy claro que la verdadera equidad sólo se dará cuando las multinacionales paguen lo que de verdad valen nuestros recursos naturales no renovables.

Según Carlos Osorio, diputado del Meta, “las regalías no son otra cosa que el desarrollo del departamento”, las cuales, en muchos casos, se convierten en el único sustento de municipios; en el porcentaje más amplio de los presupuestos de los departamentos productores; y en la única posibilidad de acceso a ciertos beneficios a la población más vulnerable. “El acto legislativo no tiene razón de ser, porque quiere llevarse la plata y dejarnos los problemas a nosotros”, reafirma el diputado Osorio, refiriéndose al fuerte impacto ambiental y social que se vive en las zonas productoras.

Las ultimas palabras que dirigió el diputado Carlos Osorio a los reunidos es un claro reflejo de la valerosa actitud que guía a aquellos que en defensa del interés nacional rechazamos esta intentona de Santos: “Por eso estamos organizados, definidos y estamos prestos a ir hasta las últimas consecuencias para que el gobierno nacional no se lleve las regalías”. El gobierno está en preaviso y tengan la certeza de que no desistiremos.

La mala educación

Juan Pablo Fernández M., Bogotá, Bogotá, 21 de octubre de 2010

Federico List explicaba hace siglo y medio que para una nación, más importante que la riqueza misma, “es la aptitud para crear riquezas”. Anotaba además que mediante la combinación de la inteligencia y los brazos de las gentes se logra transformar la naturaleza en mayor grado. El Banco Mundial, en 2005, señaló que las naciones más desarrolladas fundamentan el 81 por ciento de su riqueza en las habilidades y destrezas de sus habitantes, mientras que las más pobres lo hacen solo en 50 por ciento.

El debate sobre la educación, entonces, va más allá de la existencia de suficientes y adecuadas plantas físicas, profesores bien remunerados, con estabilidad y con posibilidad de mejorar sus niveles de conocimiento, currículos que formen a los estudiantes en la ciencia y respeto irrestricto a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria; asuntos que la política educativa está empeñada en reducir. La educación tiene que ver también con si se tiene una economía de verdad próspera. Luego hablar de buena educación en medio del “libre comercio” lleva una carga de cinismo, pues desde la década del noventa, el agro y la industria colombianos se alejan cada vez más de las producciones complejas.

En este marco se escucha con frecuencia que la educación es un pilar –el santismo la llama “locomotora”– del desarrollo, y muchos se rasgan las vestiduras en defensa de una “buena” política educativa. Pero a renglón seguido, aprueban sin crítica cortos presupuestos. Para el 2011, el aumento del gasto destinado a la educación será 3,3 por ciento, recursos que, por ejemplo, no solventan el medio billón de pesos de déficit que arrastran las universidades públicas y que las tiene al borde de la ruina. La solución es mayores alzas en las matrículas y créditos del Icetex, que expolian a quienes se ven obligados a usarlos.

La Ministra de Educación acepta que “cerca del 70 por ciento de nuestros estudiantes (de media y básica) no alcanzan desempeños mínimos, requeridos y esperados.” Dice también que los “resultados de la prueba PISA, el programa internacional para la evaluación de estudiantes (…) nos ubican en el puesto 65 entre 70 naciones” (El Tiempo, sep.19.10). Cifras del Ministerio de Educación indican que entre 2002 y 2009 el gasto per cápita real en educación pasó de 687 mil a 891 mil pesos, crecimiento en lo fundamental explicado por el aumento del gasto público. Se dice que la cobertura es del 110 por ciento, y a renglón seguido se acepta que más de un millón de niños están por fuera del sistema educativo. Y al desagregar y analizar el gasto se ve que su aumento oculta dos asuntos: primero, que este se hizo sacrificando la calidad, como lo acepta la propia Ministra. Y segundo, que parte del aumento es financiado en mayor medida por las clases medias y bajas, vía gasto privado –disfrazado de público– y por cuenta de un inicuo sistema tributario.

El gasto privado por habitante pasó de 310 mil a 344 mil, y su peso en el total cayó de 45 a 39 por ciento. El público aumentó de 377 mil a 546 mil pesos. El mayor esfuerzo estatal, que suena positivo, evidencia un proceso de empobrecimiento de la población y presenta como públicos esfuerzos de las familias y la sociedad. En 2002, de cada cien pesos públicos gastados en educación superior, siete se realizaban a través del Icetex; a 2010 la porción creció a 11,5 pesos, monto que se ampliará al 2019, según el Mineducación. Algo parecido sucede con el Sena. Su gasto representó en 2002 28,5 de cada cien pesos, para 2010 aumentó a 34 pesos. El 45,5 por ciento de los dineros a la educación superior, que se dicen públicos, en el caso del Icetex son préstamos que cobran intereses que, además del capital, deben remunerar su rentabilidad y la del Banco Mundial, entidad que financia parte de la operación. Y en el del Sena provienen de los aportes vía nómina de trabajadores y empleadores. Se añade que, desde 1993, los aportes por estudiante del gobierno nacional a las universidades públicas han caído, en pesos reales, 40 por ciento, merma causante de la modificación en la estructura de ingresos de las universidades. Modelo de financiación que el gobierno busca profundizar con la reforma a la Ley 30. Sin financiamiento público serio, no es posible una educación de alta calidad.

En relación con el sistema tributario, son de público conocimiento las exenciones a monopolios y trasnacionales, que entre 2004 y 2009 sumaron cerca de 30 billones de pesos. Pero se sabe menos que los impuestos en Colombia no afectan la distribución del ingreso, es decir, el sistema tributario colombiano no es progresivo, y en el menos malo de los casos se mantiene invariable la distribución de la riqueza –Colombia es el quinto país más desigual de la tierra–. Después de cobrados los impuestos, mientras que en Europa y Gran Bretaña, por ejemplo, el coeficiente de Gini cae de 0,46 a 0,35 y de 0,52 a 0,38, en Colombia permanece en 0,53. (Banco Mundial, Reseñas de Política, ene.08). El profesor Jairo Bautista explica que la “carga tributaria en los impuestos a la renta pesa fundamentalmente sobre las rentas laborales”, pues las cerca de 5 mil empresas que la Dian clasifica como grandes contribuyentes son, más que aportantes, recaudadores de impuestos. Agrega que los “grandes contribuyentes retienen más del 70% del total” de los ingresos por impuesto a la renta, “y de las retenciones totales, más del 65% se cobran sobre rentas del trabajo”, no del capital. (Distribución de la carga tributaria en Colombia, ESAP, 2009).

En el ranking de las mejores 500 universidades del mundo, las colombianas no figuran ni por error. El gasto en investigación y desarrollo de Estados Unidos es 2.830 veces el presupuesto de Colciencias y 16 veces todo el gasto en educación colombiano (659 billones vs. 42,1 billones). Además, hace carrera la idea de que el mejor modelo educativo es uno de carácter confesional. Ojalá no se le haga eco a la idea de introducir la enseñanza del diseño inteligente, teoría idealista que niega los aportes del darwinismo y “explica” el funcionamiento del universo, no en la investigación científica, sino en su negación.

En la educación por competencias María Fernando Ocampo define la calidad como “aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público”. Nada del sentido crítico y autocrítico, del libre pensamiento y de la libertad de cátedra. Solo el pensamiento único, muy propio de los tiempos de la globalización neoliberal. Uno de los grandes aportes de la burguesía ilustrada en el siglo XIX fue establecer una educación pública, de alta calidad y accesible a toda la población. Entendían que este era un pilar para el desarrollo capitalista. Pero el país ha caído bajo el control de una minoría que carece de todo proyecto de progreso nacional serio, que incluso hace mofa de esa posibilidad y que sostiene que los colombianos estamos condenados al subdesarrollo porque así lo determinan los intereses extranjeros, ante los cuales se prosternan a cambio de que los conviertan en sus intermediarios.

Un “presupuesto adicional” que compromete la autonomía universitaria

Ronis Socarras Soto, Presidente Consejo Superior Estudiantil UPC, 26 de octubre de 2010

Nuevamente el gobierno de Juan Manuel Santos trata de llevar a la educación pública por el camino del abismo. “No se puede construir un país netamente neoliberal cuando todavía hay asomos de lo público”, es el argumento que utilizan los adalides de dicha política, y en este caso, las universidades que aún conservan ese carácter gracias a la vehemente lucha emprendida por el movimiento estudiantil se mantienen en alerta frente a las nuevas pretensiones del Ejecutivo.

Hoy cursa un proyecto de ley que persigue modificar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 con miras a definir un nuevo esquema de financiación de la educación superior y, bajo el discurso de girar unos recursos adicionales a las universidades, plantea una serie de condiciones. El Gobierno pretende de esta manera mostrar una nueva imagen, haciéndoles creer a las universidades que sí le interesan unos claustros universitarios de la mejor calidad posible.

Podemos recordar la leyenda del caballo de Troya para entender cómo se está fraguando tan nociva medida por parte del gobierno de la “unidad burocrática”. Recordemos que después de casi una década de guerra entre griegos y atenienses, Odiseo se ingenia una táctica para engañar a los troyanos y poder destruirla. Es exactamente lo mismo que han tratado de hacer los gobiernos apátridas, incluyendo al actual, desde hace más de una década. Por eso vemos esa lucha constante entre el movimiento estudiantil y los gobiernos, unos para no permitir la privatización y el detrimento de la universidad pública, los otros por tratar de adecuar el sistema educativo al modelo económico imperante, el neoliberalismo.

El caballo de Troya, para esta ocasión, es la reforma que pretenden convertir en ley, pero, ¿será que nos vencerán en el debate? Para eso debemos estar preparados todos los estudiantes colombianos. Nuestra universidad hay que defenderla y no dejarnos engañar con el discurso.

Se calcula que para el año 2011 el presupuesto que el gobierno gira a las universidades públicas será reducido en más de medio billón de pesos, a lo que debemos sumar el déficit presupuestal en que están sumergidos dichos claustros, que oscila entre los 469.000 millones de pesos, por concepto de gastos adicionales para su funcionamiento, según estudio hecho por los vicerrectores del SUE. Intenta cañar este gobierno a las universidades diciendo que “adicionará más de 2 billones de pesos, presupuesto que va incrementando cada año y se hace un cálculo que aproximadamente para el año 2019 se llegue a la suma anteriormente mencionada”. ¿Y las condiciones qué? ¿Cuánto se gastarían las universidades en cumplir los requerimientos del gobierno para recibir ese dinero? ¿Renunciamos a la autonomía?

Si realmente al gobierno del presidente Santos le interesa mucho la educación superior en Colombia, debería dejar de aplicar ese método del subsidio a la demanda a través del tan tormentoso Icetex, que se ha vuelto un dolor de cabeza para todos los estudiantes que acuden a esa entidad por necesidad. Lo contrario, y que sería lo correcto, es girar dicho recursos directamente al presupuesto general de cada claustro, para poder alivianar de manera sustancial todos los desmanes que aquejan a la universidad pública. La ampliación de cobertura sin presupuesto atenta contra la calidad de la educación. El incremento de carreras técnicas y tecnológicas de manera irresponsable hace perder el carácter profesional de los pregrados en nuestras universidades y demuestra una vez más sus intenciones de fondo: generar una educación pobre, para pobres, provocando una mano de obra barata y así congraciarse con las multinacionales, lógicamente haciendo de esta manera un homenaje al “huevito de la confianza inversionista”.

Nota: La Universidad Popular del Cesar es doblemente golpeada por este gobierno, siendo ésta una de las universidades peor financiada por el Estado. a través de este proyecto de reforma a la ley 30 de 1992, Santos intenta desfinanciarla y como si fuera poco, el proyecto de regalías que hoy cursa en el Congreso, de llegar ser aprobado, les quitará el derecho a muchos jóvenes de la región poder educarse, ya que recibimos subsidios de esas regalías para poder pagar las costosas matrículas que hoy cobra la universidad.

DECLARACIÓN FINAL DEL ENCUENTRO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR



LA CRISIS DE LA UNIVERSIDAD  COLOMBIANA Y LAS RESPUESTAS DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO

Colombia en la actualidad es el sexto país más desigual del planeta, solamente superado por países como Haití, Botsuana e Islas Comoros. Hoy en Colombia solo 28 de cada 100 colombianos en edad de trabajar tiene un empleo estable y formal, mientras los 72 restantes se reparten entre informalidad y desempleo. Como si fuera poco el 50% de nuestra población es pobre.

Con este panorama resultaría obvio que el Estado haga esfuerzos adicionales para educar a su pueblo y así poder salir de la pobreza y el subdesarrollo que nos agobia. Lamentablemente el nuevo gobierno continua profundizando la política oficial de la última década, es decir: El paulatino desfinanciamiento de la Universidad Publica en claro detrimento de la calidad, la política de subsidio a la demanda a través de la colocación de créditos provenientes del capital financiero mundial, en detrimento del subsidio a la oferta; el continuo atropello a la Autonomía Universitaria baluarte de la Educación Superior, el desmonte del Bienestar Universitario, y la constante estigmatización del movimiento estudiantil, profesoral y sindical.

Con el propósito de profundizar la política de mercantilización de la Educación Superior, el proyecto de presupuesto general de la nación (PGN) presentado por el gobierno para el año 2011 incluye una reducción de 7.47% respecto del presupuesto del año 2010, hecho que comprueba el carácter retardatario y continuista del gobierno Santos, respecto de la política de “revolución educativa” de Uribe.

La necesidad de más presupuesto para la educación pública no es un capricho de unos pocos, es una necesidad imperante e inaplazable de la nación colombiana, es además, condición sine qua non para el desarrollo nacional y la superación de la desigualdad social.

En este marco los representantes estudiantiles de la Educación Superior Pública y Privada nos hemos reunido con el objeto de trazar una hoja de ruta común de respuesta y movilización ante la inminente aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación del año 2011, partiendo del rechazo unánime a la política de desfinanciamiento y privatización de la educación pública y de violación sistemática de la autonomía universitaria por vía de la asfixia presupuestal de las Universidades Públicas, y del menoscabo de la democracia y la participación de los estamentos que componen la comunidad universitaria en cada una de las decisiones atinentes a la Educación Superior. De manera que surge como consenso, el rechazo categórico al proyecto de reforma a la Ley 30, por el cual se modifica el esquema de financiación de las Universidades Públicas, presentado por el Gobierno nacional y que hoy hace tramite en el congreso de la República, por cuanto representa una violación flagrante a la autonomía universitaria; además, hacemos expresa nuestra oposición al Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2011, que continúa en con el marchitamiento paulatino de la Universidad Pública.

La reducción presupuestal propuesta para el año 2011 por el Gobierno de Santos, aumenta sustancialmente el déficit acumulado de las Universidades Públicas calculado en más de medio billón de pesos por el Sistema Universitario Estatal SUE. El estudio realizado por el SUE calculó que las Universidades Públicas han incurrido en costos adicionales en gastos de funcionamiento                          por cerca de 469.000 millones de pesos desde 1992 hasta el año 2007, y si a ello le sumamos la reducción de 7,47% en el presupuesto de las Universidades Públicas para el año 2011, encontramos que el déficit acumulado de las Universidades públicas aumentaría ostensiblemente con respecto al estudio realizado por los vicerrectores del SUE, en más de doscientos mil millones de pesos. De manera que la situación financiera de las Universidades Públicas tenderá a agravarse dramáticamente con la reducción anunciada para el año 2011, reducción que dicho sea de paso, se hace sobre los recursos que se le prometieron a las Universidades Públicas a cambio de haber aumentado 20.000 cupos nuevos para el año 2010 en condiciones magras de infraestructura y de calidad.

Este desmonte de la Educación Superior Pública repercute directamente en el aumento del subsidio a la demanda por vía del ICETEX y demás entidades financieras que canalizan los prestamos provenientes del Banco Mundial y el capital financiero internacional, con tasas de interés altísimas, que terminan convirtiéndose en la única manera que tienen las familias y los estudiantes para pagar los escandalosos aumentos en las matriculas de las Universidades Privadas. Se instituye así una lógica perversa, bajo la cual la educación se convierte en un negocio alimentado de la necesidad humana; por esta razón, los estudiantes Universitarios de Colombia, tanto de Universidades públicas como privadas hemos venido aunando fuerzas en el entendido de que cada flecha disparada contra la Universidad Pública, agudiza la crisis de las familias que pasan por mil necesidades en procura de conseguir los recursos para pagar las matrículas de las Universidades Privadas.

La defensa de una Universidad Pública que sea financiada por el Estado adecuadamente, del respeto de su autonomía y el rechazo a la privatización y la estigmatización del movimiento universitario, constituyen hoy las bases sobre las cuales se genera la unidad de criterios y de acción de los Representantes Estudiantiles de las Universidades Públicas y privadas de Colombia, quienes con el firme propósito de defender estas consignas, hacemos un llamamiento a todos los sectores democráticos de la sociedad Colombiana, para que acompañen a los estudiantes universitarios, trabajadores y profesores de Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, en la Movilización Nacional convocada para el día Miércoles 20 de Octubre, con el propósito de presionar la aprobación de la Ley de presupuesto general de la nación y defender una vez más el derecho a la educación de los colombianos.

Los Representantes Estudiantiles participantes del seminario encuentro de los representantes de la educación superior, reafirmamos nuestra firme oposición al proyecto de reforma a Ley 30, por medio del cual se modifica el esquema de financiación de la educación superior, que hoy hace tramite en el Congreso de la República, y manifestamos nuestro firme rechazo al modelo de confianza inversionista, que hoy pretende convertir al país en una enclave de las multinacionales  adecuando la educación superior a las necesidades del capital foráneo, bajo la premisa de que en las Universidades “se está enseñando demasiado educando profesionales que superan con creces las necesidades del mercado”, para lo cual se han valido de la estandarización de los contenidos por vía de la acreditación. Es claro que para lograr la adecuación de la Universidad a las necesidades del mercado, el Gobierno debe valerse de la violación del baluarte de las Universidades, a saber, su autonomía, por ello rechazamos la violación sistemática a la autonomía universitaria por parte del Gobierno y particularmente, la incursión de la fuerza pública al campus de la Universidad de Antioquia y el posterior cierre del centro educativo por cerca de veinte días.

Finalmente invitamos a la comunidad universitaria a participar de las actividades que se han convocado desde los sectores democráticos que han tomado parte de la defensa de la Universidad Pública:

1.     Movilización nacional por la financiación adecuada de la Universidad Pública, la defensa de la Autonomía Universitaria y contra la privatización de la educación pública y la estigmatización del movimiento universitario el miércoles 20 de octubre.

2.     Audiencia Pública “La crisis de la Universidad Pública. La universidad defiende la vida”, los días 5 y 6 de noviembre de 2010 en la Universidad Industrial de Santander.


Manizales, Octubre 10 de 2010